PROPUESTAS DE MEDIDAS ECONÓMICAS Y REFORMAS LEGALES URGENTES PARA EL PLAN NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN HABITACIONAL POST-SISMO DE LA CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN

 

En representación de las empresas que integran la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), nos dirigimos al país ante la catástrofe provocada por los dos terremotos del pasado 24 de junio de 2026. Ante el trágico balance preliminar de decenas de miles de personas que han perdido sus hogares en la región centro-norte del país, el sector privado de la construcción propone  una serie  de medidas  para contribuir a acelerar e incentivar  la producción masiva  de viviendas.

El sector construcción viene de una severa contracción y ha enfrentado durante los últimos años importantes limitaciones regulatorias y financieras, por lo que requiere medidas urgentes e incentivos para avanzar.

Recibimos con beneplácito y respaldamos el anuncio oficial del 4 de julio de activar la cartera hipotecaria nacional mediante un subsidio estatal de hasta el 80% para la adquisición y reparación de viviendas, a través de la Gran Misión Venezuela Renace. Consideramos que este esfuerzo financiero constituye un elemento fundamental para acelerar la reconstrucción habitacional.

No obstante, para garantizar que estos recursos se traduzcan de manera inmediata en edificaciones habitables y seguras, y para evitar distorsiones inflacionarias, cuellos de botella en la cadena de suministros y burocracia administrativa, permisologia y sobre todo poca transparencia en las contrataciones, proponemos formalmente la adopción del siguiente paquete integrado de medidas económicas, fiscales y legales:

I. Viabilización Financiera y Operativa del Subsidio del 80%

•Implementación de Subsidios Portátiles a la Demanda (Modelo de Éxito Chileno):

Proponemos que el subsidio del 80% anunciado por el Ejecutivo sea entregado a las familias damnificadas mediante un certificado digital de vivienda. Dicho instrumento serátransferible directamente a los promotores privados al momento de adquirir una vivienda. Este mecanismo dinamiza la preventa y acelera el flujo de caja operativo para iniciar nuevos desarrollos.

• Política de Encaje Legal  Estructural:  Solicitamos  coordinar con  el Banco Central de Venezuela (BCV) y la Sudeban una liberación excepcional del encaje legal técnico. Esta medida dotará a la banca pública y privada de la liquidez necesaria para financiar el 20% complementario del crédito a los compradores y otorgar créditos puente a las constructoras, bajo tasas de interés preferenciales de emergencia.

• Exoneración de Tasas Registrales: Coincidimos y celebramos la medida gubernamental de  exonerar  el  100%  de  los  impuestos,  aranceles  notariales  y tasas  registrales  para  la transferencia  de los  inmuebles  destinados  a las familias  afectadas,  contribuyendo así a agilizar los procesos administrativos correspondientes.

II. Estímulos Fiscales a la Producción y Abastecimiento de Materiales

• IVA a  tasa cero (0%) para la Cadena de Suministro Nacional: Solicitamos, de forma temporal y por un período de 18 meses, la exoneración total del IVA para la adquisición de insumos críticos de construcción producidos en el país —cemento, cabillas, bloques, agregados, yeso y tuberías— destinados a los proyectos de reconstrucción.

• Aranceles Cero para Importaciones Tecnológicas de Emergencia: Si bien entendemos y respaldamos la prohibición temporal de exportar materiales para garantizar el abastecimiento interno, es importante reconocer que el país no produce la totalidad de los insumos de alta ingeniería necesarios. Por ello, resulta indispensable decretar arancel cero (0%) para la importación de maquinaria pesada, equipos de transporte, maquinarias y equipos para edificaciones, componentes estructurales avanzados y demás equipos requeridos.

• Tregua Fiscal Municipal: Proponemos coordinar con los diferentes municipios afectados una exención temporal del Impuesto a las Actividades Económicas —Patente de Industria y Comercio— para las obras civiles dedicadas a mitigar la crisis habitacional derivada de la emergencia.

III. Reformas Legales para Desbloquear la Inversión Privada Nacional e Internacional

• Derogación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria: Esta legislación paralizó el financiamiento por preventa en el sector. Urge su derogación o modificación a fin de activar la construcción de viviendas. Proponemos sustituirla inmediatamente por un marco moderno, adaptado a la actual Ley de Propiedad Horizontal, que proteja jurídicamente el dinero del comprador sin criminalizar ni afectar el flujo de caja del promotor.

• Eliminación del artículo 23 de la Ley del Deudor Hipotecario: Proponemos  eliminar esta disposición para permitir el uso de monedas extranjeras en las operaciones correspondientes.

• Reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios: Requerimos  una  flexibilización que permita la libre fijación de cánones de arrendamiento en moneda extranjera y garantice mecanismos judiciales de restitución rápida del inmueble en caso de incumplimiento. Es importante alcanzar un equilibrio adecuado entre arrendador y arrendatario. Estas medidas contribuirán a activar inversiones nacionales e internacionales para la construcción de edificios destinados al alquiler de las familias afectadas.

IV. Seguridad Estructural, Culminación de Obras e Integración de Terrenos

• Habilitación de Obras Inconclusas: Proponemos realizar un censo inmediato de todas las  edificaciones  estatales que permanecen sin terminar, incluyendo el complejo  Fuerte Tiuna. La CVC plantea  un esquema de Alianzas Público-Privadas (APP) para  que los constructores privados asuman la ingeniería, el reforzamiento y la culminación de estas estructuras. Estas viviendas podrían integrarse de forma inmediata al mercado de soluciones  habitacionales  y financiarse  mediante  el  subsidio  del  80%  anunciado  por  el Ejecutivo.

• Transferencia de Terrenos Disponibles al Sector Privado: Proponemos la identificación, habilitación y adjudicación transparente, mediante mecanismos públicos y competitivos, de parcelas aptas y dotadas de servicios básicos que aún no han sido edificadas. El sector privado cuenta con los equipos profesionales y técnicos para desarrollar proyectos modulares de rápida ejecución, reduciendo considerablemente los tiempos de entrega para las familias damnificadas.

• Comisión Técnica de Inspección Inmediata: La CVC propone la conformación urgente de una comisión técnica paritaria integrada por ingenieros de nuestra institución, decanatos de las Facultades de Ingeniería de las universidades nacionales, academias y técnicos del Estado. Su objetivo prioritario será auditar y evaluar estructuralmente los urbanismos y edificios tanto de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) como todos aquellos  que fueron  impactados  y no impactados  por  los  sismos,  a fin  de  acometer  los correctivos necesarios.

V. Transparencia en la Ejecución de Fondos Internacionales

• Esquemas de Alianza Público-Privada (APP): Apoyamos firmemente las gestiones del Ejecutivo orientadas a canalizar los fondos venezolanos bloqueados en organismos multilaterales, incluido el Fondo Monetario Internacional.

Con  el  propósito  de  canalizar  y movilizar  recursos  económicos  provenientes  de  fondos nacionales, financiamiento multilateral, asistencia internacional o activos recuperados, y de fortalecer los mecanismos de integridad, control y rendición de cuentas en la ejecución de obras públicas, proponemos la creación de un Comité autónomo de contraloría financiera. Este comité estaría integrado por representantes del sector público, el sector privado gremial, decanos de facultades de ingeniería y academias del país, todos de reconocida solvencia moral y trayectoria. Su función será supervisar la asignación de las

obras mediante procesos ágiles, competitivos y sustentados en criterios técnicos, a empresas nacionales idóneas y profesionales, bajo la modalidad de Alianzas Público- Privadas.

Cámara Venezolana de la Construcción @cvconstruccion