Conindustria propone un Macro Marco Jurídico de Transición -Ley Puente- para acelerar la reactivación económica y la reconstrucción nacional

 

El objetivo central de la medida radica en la necesidad de maximizar la formalidad empresarial y crear con urgencia los puestos de trabajo que demandan las familias venezolanas ante la contingencia. 

Caracas, julio de 2026.- Frente a la compleja situación de contingencia provocada por los sismos que afectan al país, Venezuela requiere de mecanismos institucionales ágiles que superen las reformas burocráticas lentas. Con este propósito, la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) presenta al país, con carácter de extrema urgencia, la propuesta de un "Macro Marco Jurídico de Transición - Ley Puente-", un instrumento legal único concebido de forma excepcional para operar en un lapso de entre 3 a 5 años. 

Esta iniciativa de política pública surge a partir de un diagnóstico técnico riguroso: debido a que el volumen de leyes que ameritan reforma supera ampliamente la capacidad técnica y el tiempo disponible en la actualidad. Este instrumento transitorio y unificado legislaría de forma inmediata para destrabar el aparato productivo, mientras se ejecuta la adecuación progresiva del resto del sistema normativo nacional. 

Al respecto, Tito López, presidente de Conindustria, enfatizó la urgencia de adoptar esta propuesta legislativa para el bienestar de la nación.  

“El país exige con determinación acciones legales inmediatas que logren destrabar el aparato productivo nacional”, aseveró el líder gremial. Asimismo, puntualizó que “esta macro ley marco no solo reactivará la economía, sino que atenderá por efecto sistémico a todos los sectores clave, incluyendo manufactura, construcción, inmobiliario, comercio, servicios y turismo, entre otros”. 

Para garantizar un impacto estructural y sostenible, el proyecto legislativo promovido por Conindustria se fundamenta rigurosamente en tres ejes estratégicos delineados en su documento base: 

Incentivos y estímulos fiscales: Consisten en la reducción o exención de tributos tanto nacionales como locales, orientados formalmente a viabilizar la reindustrialización y acelerar de manera directa la inversión nacional y extranjera. 

Simplificación y desburocratización de trámites: Contempla la agilización y optimización sustancial de los procesos aduaneros y de transporte de carga, pero para el caso de la emergencia establecería como prioridad absoluta el ingreso eficiente de ayuda humanitaria al territorio nacional. 

Condiciones especiales para la reconstrucción: Define el desarrollo de un esquema de incentivos especiales dirigidos a viabilizar la operación comercial, el levantamiento integral y la reactivación de la economía, en particular de los sectores económicos. 

Sobre el impacto socioeconómico proyectado para esta Ley Puente, el máximo representante del sector industrial venezolano reiteró que la gravedad del panorama actual exige respuestas concretas y pragmáticas.  

“Nuestra propuesta busca activar el aparato productivo de manera inmediata, contrarrestar de forma efectiva los nefastos efectos de los sismos, maximizar la formalidad empresarial y generar con la mayor urgencia los empleos estables que las familias venezolanas necesitan hoy más que nunca”, concluyó López.